Antonio Miguel López, actual Teniente de Alcalde de Benejúzar y Diputado Provincial por el Partido Socialista, deberá comparecer el próximo 13 de marzo en calidad de “investigado” por presunta prevaricación administrativa
Antonio Miguel López, actual Teniente de Alcalde de Benejúzar y Diputado Provincial por el Partido Socialista, deberá comparecer el próximo 13 de marzo en calidad de “investigado” por presunta prevaricación administrativa, tras abrir diligencias de investigación el Juzgado de instrucción Nº1 de Orihuela.
Dicha investigación se basa en determinar los responsables de la construcción de una vivienda de nueva fábrica en suelo no urbanizable, propiedad de un familiar directo del entonces alcalde Miguel López, sin licencia que la ampare y donde antes existía un “corralón” sin cubrir con cerramiento exterior de fábrica de bloques de hormigón. Cabe recordar que fruto del pacto PSOE y C´s en Benejúzar, la alcaldía ha sido compartida en esta legislatura con quien es ahora alcaldesa, Rosa García.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción por Antonio Bernabé, concejal del PP en el ayuntamiento de Benejúzar. Según Bernabé, se interpuso denuncia por infracción urbanística, puesto que «era evidente que la sustitución de aquél vetusto corralón por una vivienda de nueva fábrica, solo podía haber sido posible, presuntamente, con la connivencia del denunciado, Miguel López, familiar muy directo del propietario, quien permitió y consintió la ejecución de las obras necesarias para la construcción de dicho inmueble».
Bernabé también señala en la denuncia que «el corralón no disponía de servicio de electricidad y no entiende, además, como un ayuntamiento puede autorizar por vía administrativa que se pueda formalizar el contrato del servicio de electricidad salvando todos los requisitos legales previos. De ahí que se solicitara al juzgado que se aportasen los documentos para la obtención del suministro energético en el susodicho inmueble “ilegal”, pudiendo ser responsable de los mismos el Sr. López Arenas, que en su condición de autoridad pública, ninguna acción realizó para evitar la comisión de dicha infracción urbanística, permitiendo su ejecución y la obtención de suministro energético, en aras de beneficiar exclusivamente a su familiar».
Según Bernabé, solamente quedaba la opción de la denuncia «para depurar responsabilidades ante unos hechos que considera, de ser ciertos, inaceptables e impropios de un alcalde y de un equipo de gobierno», en sus palabras.
Miguel López actual alcalde y diputado provincial, declarará por esto hechos como investigado el próximo 13 de marzo en el Juzgado de Orihuela. «Cabe recordar que el 7 de junio se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Alicante tras el señalamiento de juicio oral y donde el ministerio fiscal pide una pena de 4.500 euros y tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo, hechos que se remontan a las elecciones de 2015 y que no fue obstáculo, a sabiendas de dicho juicio oral, para el reparto de las alcaldías entre PSOE y C´s en Benejúzar», añade Bernabé.
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