El proyecto contempla actuaciones en once acequias y azarbes para mejorar la evacuación del agua y reforzar la protección frente a inundaciones
La Generalitat Valenciana prevé invertir 13,71 millones de euros en la tercera fase del plan de mejora y consolidación de las infraestructuras hidráulicas de riego de la Vega Baja. Una actuación con la que se pretende completar los trabajos destinados a recuperar la capacidad de las conducciones tradicionales, mejorar la evacuación del agua y reforzar la seguridad de los municipios y zonas agrícolas ante posibles episodios de lluvias intensas.
Así lo ha anunciado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante una reunión con la junta directiva del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, en la que también se han abordado las dificultades económicas que atraviesa el sector agrario alicantino por la falta de disponibilidad de los caudales procedentes del trasvase Tajo-Segura.
La tercera fase del proyecto contempla intervenciones en once acequias y azarbes repartidos entre diferentes entidades de gestión del agua de la comarca. El objetivo es recuperar la capacidad hidráulica de estas infraestructuras y facilitar la evacuación de caudales cuando se produzcan lluvias abundantes, reduciendo así el riesgo de inundaciones y posibles daños en cultivos, infraestructuras y núcleos de población próximos.
Las actuaciones afectarán a infraestructuras gestionadas por el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, el Sindicato General de Aguas de San Fulgencio, el Juzgado Privativo de Aguas de Callosa de Segura, la Comunidad de Regantes de Catral y el Juzgado Privativo de Aguas de Alfetami, en Almoradí.
El proyecto ya cuenta con un informe favorable de supervisión y actualmente se encuentra en tramitación su encargo a la empresa pública Tragsa. La previsión de la Conselleria es formalizarlo a finales de 2026.
El trasvase Tajo-Segura, una preocupación para el campo alicantino
Durante el encuentro, otro de los asuntos centrales ha sido la situación del trasvase Tajo-Segura y sus repercusiones sobre la agricultura de la provincia de Alicante.
Miguel Barrachina ha advertido de que la falta de disponibilidad de los volúmenes de agua autorizados puede provocar pérdidas económicas superiores a los 80 millones de euros para el sector agrario alicantino.
Según los datos expuestos por el conseller, cada hectómetro cúbico destinado al regadío genera alrededor de cuatro millones de euros de riqueza y sostiene 86 empleos directos. En este sentido, ha señalado que los retrasos en la recepción de los caudales pendientes de envío podrían comprometer cerca de 1.750 puestos de trabajo y unos 380.000 jornales.
Barrachina ha reclamado una mayor planificación y coordinación en el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas estatales, al considerar que los problemas de disponibilidad de agua y los retrasos en la reparación de los canales afectan directamente a la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, especialmente a las tradicionales y familiares.
Avanzan las obras de la acequia de Alquibla en el barrio Mariano Cases
La jornada también ha incluido una visita a las obras de la nueva estructura de paso de la acequia de Alquibla, situada en el barrio oriolano de Mariano Cases. Esta intervención cuenta con una inversión de 958.348,35 euros y forma parte de las actuaciones destinadas a modernizar y mejorar la red de riego tradicional.
Los trabajos comprenden la cimentación de la estructura mediante pilotes prefabricados empotrados, la instalación de un armazón metálico diseñado para soportar los esfuerzos hidrostáticos y la construcción de un canal de hormigón armado en las zonas de transición.
La solución técnica elegida busca agilizar la ejecución de las obras y reducir al mínimo el tiempo durante el que los regantes deben soportar interrupciones en el servicio de riego.
Esta actuación se integra en un proyecto más amplio de acondicionamiento y mejora de las conducciones tradicionales de regadío en los municipios de Orihuela, San Fulgencio, Crevillent y Catral, que dispone de un presupuesto global de 4,7 millones de euros. El encargo fue autorizado en diciembre de 2023.
Una infraestructura fundamental para miles de regantes
El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela desempeña un papel fundamental en la gestión histórica del regadío de la Vega Baja. Reconocido como tribunal consuetudinario y tradicional y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, ampara a cerca de 12.000 regantes y gestiona una superficie agrícola de 6.790,93 hectáreas.
Su ámbito de actuación comprende municipios como Orihuela, Algorfa, Benejúzar, Bigastro, Jacarilla, Rafal y Redován, entre otros.
La dependencia de los recursos procedentes del trasvase Tajo-Segura constituye uno de los principales desafíos para el mantenimiento de la actividad agrícola en este territorio. Según los datos facilitados durante el encuentro, seis de cada diez litros empleados para el riego en las zonas gestionadas por el Juzgado dependen directamente de las aportaciones del trasvase.
La nueva inversión de 13,71 millones de euros pretende, por tanto, reforzar una red hidráulica esencial para la actividad agrícola y para la protección de la comarca frente a episodios de lluvias intensas. Unas infraestructuras cuya conservación y capacidad de funcionamiento resultan determinantes tanto para garantizar el riego como para facilitar el desagüe y reducir los riesgos de inundación en la Vega Baja.
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