El exsecretario-interventor de la corporación, Antonio Saseta, también ha sido condenado a dos años de prisión
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado al exalcalde de Bigastro, Joaquín Moya, a cuatro años, seis meses y un día de cárcel y 11 años, 3 meses y un día de inhabilitación como autor de un delito de malversación de caudales públicos, así como otros cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa.
Además de Moya, para el exsecretario-interventor de la corporación en aquel entonces, Antonio Saseta, la Sala ha impuesto dos años de prisión y cinco años de inhabilitación por el delito de malversación, y otros cuatro años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa cometido por omisión.
Los hechos de los que se les acusa ocurrieron entre los años 2005 y 2006 durante la tramitación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la creación de un nuevo sector urbanístico. Otra de las acusaciones es la apropiación de un total 312.000 euros abonados por el promotor de ese plan como agente urbanizador.
La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, establece que Joaquín Moya deberá indemnizar al Ayuntamiento de Bigastro con 162.000 euros, así como, conjuntamente con el otro acusado, con otros 150.00 euros.
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