En concreto le debe más de 256.000 euros en concepto de cheque-vivienda con un total de 28 afectados, y otras tantas resoluciones pendientes de pago
El equipo de gobierno de Rafal (PSOE) exigirá a la Generalitat Valenciana el pago de la deuda que mantiene con el municipio por ayudas relacionadas con la vivienda. En concreto, los socialistas presentarán al pleno ordinario de mañana dos mociones relacionadas con el impago de estas subvenciones a los ciudadanos por adquisición, alquiler y rehabilitación de vivienda, y también con el fondo de pago a proveedores en los ayuntamientos.
El Consell adeuda en concepto de cheque-vivienda 137.032.955 euros a un total de 13.508 ciudadanos de la Comunitat Valenciana. De forma desgranada, en concepto de ayudas al alquiler debe 3,5 millones de euros a 1.812 personas, y a la rehabilitación -tanto de particulares como comunidades de vecinos- 77.123.024 euros a 12.747 personas.
En concreto y en referencia al municipio rafaleño, adeuda un total de 256.620 euros en concepto de cheque-vivienda con 28 afectados, y otras tantas resoluciones de pago.
Esta moción tiene la finalidad de solicitar el “reconocimiento contable” de la deuda contraída por dichas ayudas y la correspondiente dotación presupuestaria, así como la realización de un calendario de pagos razonable para abonar a los ciudadanos la cantidad adeudada, “respetando el orden de presentación de las solicitudes al establecer dicho calendario”.
En este sentido, instará al Consell a que el abono de las cantidades fijadas se realice a través del Fondo de Liquidez Autonómico, y también a dar cuenta de estos acuerdos a la plataforma de afectados por el impago de las ayudas a la vivienda y a los grupos con representación parlamentaria en Les Corts.
Fondo de Pago a Proveedores
Por otro lado, el ejecutivo local también presentará mañana una moción en la que se insta, al Gobierno de España, a revisar las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas por las entidades locales en el marco del Plan de Pago a Proveedores.
Según reza la propuesta, la revisión de estas condiciones será mediante “la ampliación del período de carencia, la ampliación del plazo de amortización y la reducción del tipo de interés”. De la misma forma, insta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a convocar la Comisión Nacional de Administración Local.
En concreto, las operaciones se formalizaron en mayo de 2012, contando con 2 años de carencia, por lo que será “a partir de mayo de 2014 cuando las entidades locales tengan que comenzar con la amortización de los préstamos”.
“Esto supondrá hacer frente a un pago bastante mayor del que venía haciendo en los dos primeros años, y que algunos de ellos tendrán enormes dificultades para poder pagar”, han dicho desde el gobierno local que, no obstante, ha querido dejar claro que “el pago está garantizado”.
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