En la actualidad se puede acceder al bono social únicamente por ser familia numerosa pero sin tener en cuenta más criterios, como los ingresos familiares
La conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha enviado esta semana un escrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para reclamar una modificación urgente del Bono Social Eléctrico para que beneficie a aquellos consumidores vulnerables.
El Real decreto Ley 9/2009 creó el Bono Social como medida de protección del derecho al suministro de electricidad dirigido a determinados consumidores considerados vulnerables desde un punto de vista económico y fijó unos requisitos de forma transitoria hasta que fuese aprobado el reglamento en el que se determinarían las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que debían cumplir los ciudadanos para poder acogerse al Bono Social.
Según la directora general de Industria y Energía Júlia Company, «han pasado ya varios años sin que se haya producido el desarrollo reglamentario y el Bono Social se ha convertido en un cajón de sastre que se está aplicando también a consumidores muy alejados de la pobreza energética».
Company ha puesto como ejemplo el hecho de que en la actualidad se puede acceder al bono social únicamente por ser familia numerosa «pero sin tener en cuenta más criterios, como los ingresos familiares, que son esenciales para que esta medida llegue realmente a familias vulnerables».
A esto hay que añadir que la crisis económica, unido al aumento de los precios de la energía de los últimos han dado lugar a una nueva problemática, la llamada «pobreza energética» que ha ido aumentando progresivamente.
Desde la conselleria de Economía Sostenible, según ha subrayado Company, «entendemos fundamental y urgente superar la actual situación de transitoriedad, centrando y ajustando adecuadamente la aplicación del Bono Social Eléctrico en aquella parte de la ciudadanía se encuentra en una verdadera situación social y económica desfavorecida que le impide hacer frente al pago de la factura eléctrica».
«Además, consideramos básico y así lo hemos solicitado la configuración de un procedimiento de gestión ágil que debería apoyarse, por su especialidad y conocimiento más cercano a los ciudadanos, en los servicios municipales y autonómicos y de esta forma concentrar y optimizar mejor los recursos y hacer más efectiva esta medida social» ha añadido.
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