En total, la Generalitat ha adquirido 218 nuevos inmuebles para el parque público en toda la Comunidad, lo que supone la mayor inversión en vivienda pública valorada en 8,5 millones de euros
El Vicepresidente Segundo y Conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha presentado la que es la mayor operación de compra vivienda de la Generalitat sobre un paquete de viviendas que el Banco de Sabadell iba a vender a un fondo de inversión. Esta operación se enmarca dentro del Decreto ley para la ampliación del parque público de vivienda, aprobado por el Consell el pasado 5 de junio.
El vicepresidente ha calificado la operación de «histórica para la Comunidad Valenciana» y se ha mostrado satisfecho por «haber logrado cerrar la mayor operación de adquisición de vivienda pública mediante tanteo que se ha hecho nunca en España».
Se trata de 218 viviendas procedentes de los Servicios de Gestión de Vivienda e Innovación Social del banco Sabadell -conocido como Sogeviso-. «Esto ha sido posible gracias a gobierno progresista que se cree las políticas de vivienda, tal y como refleja el acuerdo del Botànic», ha afirmado Martínez Dalmau.
Esta compra -ha subrayado el vicepresidente- es solamente la casilla de salida para conseguir el mayor objetivo que nos hemos marcado y está recogido en el Plan Hàbitat 20-30. «Si queremos garantizar de una vez por todas el derecho a acceder a una vivienda digna y acabar con los desahucios sin alternativa habitacional solamente hay un camino: duplicar en, un plazo de 10 años, el parque público de viviendas y ponerlas inmediatamente a disposición de la gente más vulnerable», ha asegurado.
El vicepresidente ha hecho hincapié en tres hechos claves que han propiciado la operación. En este sentido, se ha referido a la primera adquisición de viviendas mediante el derecho de tanteo que impulsó la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha).
El segundo, cuando el Banco Sabadell notificó la trasmisión de todas estas viviendas a un fondo de inversión «en este punto fue cuando realmente nos vimos con la obligación política de impedirlo, pues no concebíamos la idea de dejar pasar la oportunidad de comprar un paquete de viviendas tan importante que, de no haberlo hecho, hubieran terminado las casas en las manos de quién quiere hacer negocio, no para solucionar la vida de la gente, y ue realmente en este instante cuando decidimos vamos a comprarlas.»
Por último, ha señalado que el tercer momento fue cuando el Consell aprobó definitivamente la norma que «nos permitirá continuar en esta dirección en los próximos años, es decir, el Decreto-Ley para la Ampliación del Parque Público de la Comunidad Valenciana».
Martínez Dalmau también ha manifestado que «las resistencias eran esperables; no hay transformación social que no conlleve un desacuerdo por parte de los que pierden privilegios. Sin embargo, la balanza está clara».
«Frente a la posibilidad de que estos grandes operadores económicos elijan siempre al comprador se erige la función social de la propiedad, el derecho a la vivienda y la dignidad humana», ha asegurado.
Por último, el vicepresidente ha agradecido la colaboración del equipo del Banco Sabadell que trabajado en hacer posible la operación.
Rescate de 95 familias vulnerables
La operación se está llevando a cabo en tres fases sobre un total 218 viviendas, lo que supone una inversión de 8.545.172,85 euros. Las viviendas se pondrán a disposición de los municipios bajo diferentes fórmulas, dando así servicio a las situaciones de emergencia habitacional y a las personas inscritas en los registros de demandantes de vivienda pública.
La distribución geográfica de las adquisiciones de las dos primeras fases, que suponen 188 viviendas, se concentra en la provincia de Valencia con 148 viviendas y 3.725.157,99 euros de inversión, seguida de la provincia de Alicante con 39 viviendas y 2.994.825,09 euros de inversión y finalmente Castelló de la Plana, donde se ha adquirido 1 vivienda por 81.912,11 euros. Esta distribución territorial viene marcada por la configuración del paquete inmobiliario comunicado por el vendedor, en este caso, Banco de Sabadell.
Concretamente, por municipios se han adquirido, en la provincia de Alicante, 4 en Alicante, 2 en Crevillent, 3 en Dolores, 12 en El Campello, 1 en Elda, 1 en Guardamar del Segura, 8 en Monforte del Cid, 1 en Muro de Alcoi, 2 en Orihuela, 3 en Petrer, 1 en Alcoi y 1 en San Vicente del Raspeig. En la provincia de Valencia, 98 viviendas en Algemesí, 33 en Paterna, 1 en Utiel y 16 en Vallada.
La directora general de Vivienda y Regeneración Urbana, Elena Azcárraga, ha explicado que «se trata mayoritariamente de viviendas de protección pública construidas después de 2005». Ahora son adquiridas por la Generalitat, gracias al derecho de adquisición preferente, por un precio un 25 % por debajo de los precios de valoración de la Agencia Tributaria Valenciana.
Además, ha destacado que «la compra se realiza en municipios donde existe una alta demanda de vivienda social, comprobándose para ello los datos procedentes de los registros de demandantes de la Conselleria».
La operación supone además el rescate de, al menos, 95 familias, muchas de ellas vulnerables, que de otra forma quedarían en manos de un fondo de inversión. Gracias al derecho de adquisición preferente una vez adquiridas las viviendas, la Conselleria comprobará su estado de ocupación, haciéndose cargo de aquellas situaciones de especial vulnerabilidad.
Para el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Cesar Jiménez, esta operación «constata la eficacia del derecho de tanteo y retracto como herramienta que permite a la Generalitat optar a la compra de viviendas en grandes cantidades a un ritmo y un precio que permite dar respuesta ágil a la emergencia habitacional que sufre la Comunidad Valenciana».
Por su parte, la directora general de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia Segunda, Adoración Guamán, ha hecho alusión al Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en España, y a este respecto ha expresado que «en la línea marcada por el relator, conscientes de la necesidad de una actuación inmediata para garantizar que el derecho a la vivienda es una realidad para las familias que habitan nuestra Comunitat, la Conselleria de Vivienda ha pasado de las palabras a los hechos, siempre en el marco del eje 3 del pacto del Acuerdo del Botánico, y poniendo a la administración al servicio de la gente y de sus necesidades».
Garantizar el derecho de vivienda
Un caso a destacar es la adquisición de 98 viviendas en Algemesí, donde se ha podido interceptar su venta gracias a la aprobación del nuevo decreto y así las viviendas pasarán a ser de protección pública con carácter permanente.
Se trata de viviendas habitadas por familias de escasos recursos económicos, la mayoría en régimen de alquiler social que se enfrentaban a un futuro incierto y que gracias a la actuación de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y la necesaria colaboración del Ayuntamiento, podrán ver garantizado su derecho a una vivienda.
Las viviendas se encuentran todas en una misma manzana y la operación ha supuesto una inversión total de 417.968,32 euros, adquiriéndose algunas de ellas por cantidades que rondan los 1.000 euros.
Otros casos a destacar, son las adquisiciones de viviendas en un mismo edificio, como ha sucedido en Paterna, un municipio con alta demanda de vivienda con fines sociales, con la compra de 33 viviendas en un edificio de 2012, en Vallada, con la adquisición de 16 viviendas en un edificio de 2010, en Monforte del Cid, 8 viviendas en un edificio de 2010 o El Campello, con la adquisición de 12 viviendas en un edificio de 2010.
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