El primer edil asegura que ha actuado con respeto absoluto a la legalidad vigente sobre la organización de la Administración y que el PP «solo quiere enredar con falsedades»
El alcalde de Rafal, Manuel Pineda, ha asegurado estar totalmente “tranquilo” ante la denuncia por un presunto delito de prevaricación presentada por el Partido Popular de Rafal ante la Fiscalía Anticorrupción, después de que éste redujese las competencias y el personal a cargo de la secretaria-interventora y el personal a cargo del tesorero, siendo ambos de adscripción directa al Estado, por funcionarios que carecen de competencias para esas funciones.
El primer edil ha querido dejar claro en un comunicado que ha actuado con “absoluto respeto” a la legalidad vigente, así como que “es totalmente falso que haya dictado una resolución injusta o que contravenga las leyes en relación con las funciones que ha de realizar la secretaria-interventora”.
Para el socialista, esta denuncia del PP “es un intento desesperado por trasladar a los tribunales un debate que corresponde al ámbito municipal”.
“Su incapacidad política para discutir en el pleno esta resolución totalmente ajustada a la legalidad, les lleva a intentar judicializar la vida municipal”, ha añadido.
No obstante, ha señalado que los concejales del PP están “en su derecho de discrepar y formular alternativas a la reestructuración que hemos realizado de la Administración pero, desde esta Alcaldía, les invitamos a que lo hagan en el seno del pleno municipal y dejen de poner denuncias totalmente infundadas, en un intento desesperado de conseguir con sus iniciativas judiciales lo que la ciudadanía y la política les niega”.
A este respecto, ha asegurado que en todo momento desde su departamento se ha actuado y se sigue actuando con “total respeto a la legalidad vigente en relación con el funcionamiento y organización de la Administración municipal, y el desempeño de las tareas de los funcionarios”.
Esta resolución que se dictó por Alcaldía en el mes de diciembre y que ha permitido la reestructuración de las áreas funcionales de la Administración local, “obedece a criterios de racionalidad administrativa para mejorar su funcionamiento y servicio a los vecinos”.
“Se ha reorganizado el trabajo en seis departamentos –Secretaría-Intervención, Administración General, Tesorería, Mantenimiento, Policía y Servicios Socio-Culturales- que dirigen seis funcionarios del Ayuntamiento”, ha dicho Pineda, quien ha matizado que “la secretaria mantiene las funciones que tiene reservadas por Ley, por lo que no entendemos que el PP denuncie que se la restado competencias cuando las que le corresponden se mantienen como debe ser”.
Asimismo, ha revelado que su área “no tiene noticia a fecha de hoy de que algún funcionario municipal haya impugnado ante los tribunales esta resolución por la que la Alcaldía, en el legítimo ejercicio de sus competencias, ejerciendo la jefatura de la Administración Municipal, ha llevado a cabo la reorganización municipal”.
Por tanto, ha considerado “incomprensible” que el PP hable de denuncias respecto de actuaciones municipales que, “ni siquiera los empleados afectados (esta resolución de reorganización afecta a todos los empleados), han discutido ante los tribunales por cuestiones ni siquiera de legalidad ordinaria”.
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