Los vecinos del municipio han convocado una reunión informativa para toda la ciudadanía el próximo lunes 22 de abril
El domingo 3 de marzo se celebró en San Miguel de Salinas una multitudinaria manifestación de más de 3.000 vecinos y vecinas en contra del proyecto de la planta solar para la desaladora de Torrevieja, promovida por Acuamed, empresa pública estatal encargada de la gestión de las plantas desaladoras del Arco Mediterráneo y promotora del proyecto. Como dato para valorar la magnitud de la manifestación, comentar que el número de manifestantes fue mayor que las personas que votaron en las últimas elecciones locales.
La planta solar proyectada, situada a unos 300 metros de distancia del casco urbano municipal, ocupará más de 200 ha de paneles en el noreste del municipio y afectará gravemente al paisaje, la economía, el medio ambiente y la cultura del municipio porque se implanta en una zona de huerta tradicional en producción de las más ricas del entorno.
A raíz de la manifestación, el pleno del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas aprobó por unanimidad una moción de rechazo a la planta; SUMAR a instancias de IU presentó una pregunta parlamentaria al Ministerio de Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados, el PP ha presentado mociones de rechazo en todos los ayuntamientos de la Vega Baja y VOX ha interpuesto una PNL en las Cortes valencianas. Una Comisión se entrevistó con el Secretario autonómico de Medio Ambiente en todos los casos con el rechazo a la planta solar y la exigencia de que se propusieran alternativas sostenibles
Por parte de la asociación de vecin@s se solicitó sendas reuniones con Acuamed y el secretario de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica para darles traslado a los responsables del proyecto del malestar de la población. Desde la Secretaria de Estado se declinó momentáneamente la celebración de la reunión y las gestiones se focalizaron en la entrevista con Acuamed.
La gestión de la entrevista, que se realizó directamente con el Presidente de Acuamed Francisco Baratech, por diferentes motivos y pretextos, se ha ido demorando hasta que se celebró el lunes pasado, mes y medio después de la solicitud. A la reunión reunió asistieron por el lado de la empresa, un equipo de tres técnicos y el presidente de Acuamed y, además, estuvo presente el subdelegado del Gobierno.
Con carácter previo a la reunión la asociación de vecin@s envió un documento con un catálogo de afecciones de la planta solar y, también, una relación de experiencias de actuaciones sostenibles en otros lugares tales como la instalación de paneles en canales (India y California), en autopistas (Marsella, Alemania, Suiza o España) y otras iniciativas de torres de paneles (Canadá) con el ruego de su estudio por parte de la empresa.
Acuamed en la reunión descartó todas las propuestas realizadas y propuso como única actuación una modificación del proyecto inicial consistente en separar la instalación del perímetro de las viviendas y del polígono industrial; pero manteniendo la misma superficie, con lo cual afectaría a un mayor número de propietarios. Una solución, totalmente inadmisible, como así se les hizo saber en la reunión.
En esa misma reunión la asociación volvió a presentar una nueva alternativa en este caso concretada en el entorno de la desaladora, que consiste en una actuación combinada en el canal del trasvase del ramal de Cartagena y en la autopista AP-7. Acuamed se comprometió a estudiarla.
La impresión de los asistentes a la reunión es que Acuamed ha hecho oídos sordos tanto al clamor de la ciudadanía; claramente expresado en el manifestación del día 3 de marzo, como al acuerdo unánime unánime del pleno municipal del ayuntamiento de San Miguel de Salinas, persiste en la propuesta inicial, planteando una modificación cosmética y superficial, que sólo hace empeorar la situación.
Por este motivo hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a una reunión informativa, que se celebrará el próximo lunes 22 de abril a las 20:00 horas, donde se propondrá nuevas movilizaciones ciudadanas para que se tenga en cuenta y respete el derecho de los vecinos y vecinas a decidir sobre nuestro futuro y cómo queremos vivir.
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