El PSOE, Cambiemos y Foro Demócrata rechazan la propuesta de Alcaldía y acusan al equipo de gobierno de culpabilizar al Alto Funcionario de su falta de gestión
El Partido Popular y Ciudadanos han hecho valer su acuerdo de gobernabilidad para aprobar con sus votos en el Pleno la implantación del sistema de fiscalización previa que a partir de ahora limita las competencias del Interventor, Fernando Urruticoechea, en su área. Con el nuevo sistema los contratos menores de 18.000 euros, entre otros procedimientos, no tendrán que contar con el visto bueno previo de la Intervención municipal, aunque posteriormente podrá formular las observaciones complementarias que considere conveniente «sin que estas tengan efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes».
La propuesta ha sido elevada al Pleno por la Alcaldía y explicada en la sesión por el portavoz municipal Rafael Almagro, quien ha defendido esta medida como la solución a la parálisis que vive el área de Intervención y que permitirá dar «más agilidad y eficiencia a los procedimientos administrativos» para evitar el «colapso» del Ayuntamiento.
Almagro ha asegurado que el Interventor municipal, destinado en el Consistorio desde 2014, «no goza de muy buena salud» lo que genera retrasos en el área por sus continuas bajas médicas. La iniciativa, ha dicho, pretende acabar con los impagos a colectivos y entidades y rebajar el plazo de pago a proveedores porque las arcas municipales «gozan de una excelente salud financiera».
La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PP y C’s mientras que el resto de grupos han votado en contra coincidiendo en que el área de Intervención necesita una solución pero ésta no debe ser la de culpabilizar a Urruticoechea. Paradójicamente, la iniciativa se ha aprobado sin el informe previo de Intervención necesario lo que ha llevado a decir a Pepa Ferrando (Foro Demócrata) que la propuesta no cuenta con las garantías legales necesarias, mientras que el popular Almagro ha esgrimido que el plazo preceptivo de diez días para que el funcionario emitiera ese documento ya ha caducado.
La socialista Carolina Gracia ha justificado el voto negativo de su grupo en que con esta medida los técnicos tendrán que asumir el trabajo y la responsabilidad del Interventor y ha dicho que esta medida «va a dar más problemas que soluciones» porque «una vez que se haya puesto en marcha cualquier contrato menor y luego se vea que el procedimiento no era el correcto va a generar un perjuicio para este Ayuntamiento».
En el mismo sentido, Cambiemos, a través de su edil Marta Guillén, ha acusado al equipo de gobierno de lanzar una campaña de desprestigio hacia Fernando Urruticoechea para justificar la iniciativa llevada hoy a Pleno y ha criticado que «aunque es legal restringir sus competencias hubiera sido deseable redactar la propuesta con consenso y no en media de esta guerra abierta con Intervención».
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas, ha mostrado su apoyo a la propuesta del alcalde defendiendo que el propio Interventor ha reconocido estar «estresado» por la cantidad de trabajo que genera un Ayuntamiento como el de Orihuela y con esta medida, ha justificado, todos los papeles que tengan un contenido económico no tendrán que pasar por su mesa, como ocurría hasta ahora. «Podrá hacer todas exactamente las observaciones que quiera pero no suspenderá los procedimientos», ha explicado al tiempo que ha dicho que el sistema que se ha aprobado en el Pleno de esta tarde es el que se utiliza en nueve de cada diez ayuntamientos de más de 100.000 habitantes de Cataluña.
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