Orihuela y sus pedanías se unen contra el caos del cierre del CEIP Virgen de la Puerta

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Las comunidades educativas denuncian la falta de planificación de Ayuntamiento y Conselleria

Las comunidades educativas del CEIP Virgen de la Puerta, CEIP Nuestra Señora del Pilar y CEIP Nuestra Señora de Monserrate han unido hoy sus fuerzas para denunciar las consecuencias del cierre del CEIP Virgen de la Puerta y exigir a las administraciones una respuesta inmediata para las familias afectadas.

La movilización ha contado también con el respaldo de la Asamblea de Docentes de la Vega Baja, la Plataforma per l’Ensenyament y vecinos y vecinas de distintos puntos de la comarca, evidenciando que la defensa de la educación pública trasciende los límites de cada centro y cada pedanía.

El cierre del Virgen de la Puerta y el traslado de sus 302 alumnos y alumnas a los centros de Molins y La Campaneta se ha producido con apenas unos días de margen, obligando a reorganizar de urgencia varias comunidades educativas y generando importantes dificultades para las familias.

«¿Esto es lo que harían unos buenos padres con sus hijos?»

Desde la Asamblea de Docentes de la Vega Baja consideran especialmente preocupante la situación del alumnado de tres años.

«A los docentes se nos pide constantemente que actuemos como buenos padres y madres con nuestros alumnos. Pues hoy queremos preguntar a las administraciones: ¿esto es lo que harían unos buenos padres con sus hijos?».

Niños y niñas de apenas tres años tienen que coger el autobús alrededor de las 8:30 horas, desplazarse hasta otro núcleo de población y permanecer allí hasta las 15:00 horas, sin disponer del periodo progresivo de adaptación habitual para estas edades.

En el caso del alumnado trasladado a Molins, además, el autobús deja a los pequeños aproximadamente a 300 metros del centro educativo.

«Estamos hablando de niños que están comenzando su escolarización. Son niños de tres años, no paquetes que se puedan trasladar de un centro a otro sin más. Detrás de cada alumno hay una familia, unas necesidades y unas circunstancias que deben ser tenidas en cuenta».

Las familias no pueden pagar la improvisación

Las consecuencias de esta situación ya están teniendo un impacto directo sobre las familias. Una de ellas se ha visto obligada a recurrir a un taxi para poder recoger a su hijo o hija, asumiendo un gasto que no todas las familias pueden permitirse.

«No todas las familias pueden pagar un taxi. La improvisación de las administraciones no puede convertirse en un gasto que tengan que asumir las familias trabajadoras», señalan desde la Asamblea.

La situación es especialmente preocupante en una comarca donde las conexiones de transporte entre Orihuela y sus pedanías presentan importantes dificultades y donde muchas familias necesitan garantizar el transporte y el comedor escolar para poder conciliar.

Reconocimiento a las y los docentes

Las comunidades educativas quieren poner en valor el extraordinario esfuerzo que están realizando los equipos docentes de Molins y La Campaneta, que están acogiendo a más alumnado del inicialmente previsto, reorganizando espacios y recursos y haciendo todo lo posible para que los niños y niñas se sientan acompañados.

«Lo están haciendo con una sonrisa, con cariño y con una enorme profesionalidad. Pero la vocación del profesorado no puede utilizarse para cubrir las carencias de las administraciones».

También destacan la disposición del profesorado del Virgen de la Puerta, que incluso se ha planteado trasladar en sus propios vehículos a alumnado que pudiera encontrarse indispuesto durante la jornada.

«Que un docente esté dispuesto a hacerlo demuestra su compromiso, pero no significa que sea su responsabilidad. Las administraciones deben garantizar los recursos y servicios necesarios».

«Ayuntamiento y Conselleria deben asumir responsabilidades»

La Asamblea de Docentes de la Vega Baja considera que existe una responsabilidad política evidente por parte del Ayuntamiento de Orihuela y de la Conselleria d’Educació.

«El Ayuntamiento de Orihuela lleva años conociendo los problemas del edificio y la Conselleria ha terminado tomando la decisión de cerrar el centro y trasladar a todo su alumnado. Ambas administraciones deben explicar por qué se ha llegado a esta situación y por qué las familias han tenido tan poco margen para organizarse».

Ante esta situación, desde la Asamblea de Docentes de la Vega Baja pedimos la dimisión del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y del concejal de Educación, Vicente Pina, como máximos responsables políticos municipales de una gestión que consideramos inaceptable.

«No estamos hablando únicamente de un problema puntual de organización. Estamos hablando de años de conocimiento de la situación del centro y de una respuesta que ha terminado llegando tarde y de manera improvisada, trasladando las consecuencias a las familias, al alumnado y a los equipos docentes».

Por ello, las comunidades educativas reclaman:

  • Un transporte adecuado, seguro y suficiente, especialmente para el alumnado de menor edad.
  • Que ninguna familia tenga que asumir gastos extraordinarios derivados del traslado.
  • Recursos humanos y materiales suficientes para los centros receptores.
  • Condiciones adecuadas para el alumnado de tres años.
  • Que el profesorado no tenga que asumir funciones que corresponden a las administraciones.
  • Información clara y transparente para las familias.
  • Y un plan de futuro concreto para el CEIP Virgen de la Puerta, con plazos y garantías.

«La educación pública no se puede gestionar a golpe de improvisación»

Las comunidades educativas han querido trasladar hoy un mensaje común: la educación pública no puede gestionarse a golpe de improvisación, y mucho menos cuando están en juego las condiciones educativas y de conciliación de cientos de familias.

Desde la Asamblea de Docentes de la Vega Baja aseguran que continuarán acompañando a las comunidades educativas y a las familias afectadas.

«Hoy hemos demostrado que Orihuela y sus pedanías están unidas en defensa de la educación pública. Vamos a seguir defendiendo unas condiciones dignas para el alumnado, para las familias y para el profesorado».

La educación pública se defiende con recursos, planificación y dignidad.