Almoradí, condenado a pagar 350.000 euros por intereses de demora

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El consistorio tendrá que hacer frente a 756.000 euros de la ejecución de obras financieramente sostenibles realizadas en 2014

El Consistorio de Almoradí deberá hacer frente al pago de cuatro condenadas por intereses de demora con un valor de 347.000 euros.

Como ya informamos en Diario de la Vega, una de esas condenas, de 100.000 euros, procede de la mercantil La Generala, constructora del cuartel de la Guardia Civil y que desde el consistorio se han comprometido a saldar en tres anualidades.

Desde el Ayuntamiento también pretenden llegar a acuerdos similares con las otras tres mercantiles demandantes: UTE Almoradí, Infraestructuras Terrestres e Intersa Levante. Los almoradidenses deberán pagar 72.000 euros a la UTE Almoradí, encargada de la remodelación de la Plaza de la Libertad; 48.000 euros a Infraestructuras Terrestres, que se encargó del proyecto básico de ejecución del Pabellón de Deportes; y 127.000 euros a Intersa Levante, repartidos en 25.000 euros procedentes de la construcción de las dependencias de la Policía Local y 101.000 euros, de la construcción de las piscinas descubiertas.

El concejal de Hacienda Abelardo Muñoz (PSOE) ha querido recordar que “estas sentencias son fruto de la mala gestión del equipo de gobierno anterior”. Del mismo modo, el edil ha asegurado que desde el consistorio se negociará el fraccionamiento del pago de estas sentencias al igual que se hizo con la relativa a La Generala.

Plan económico financiero

Muñoz también ha anunciado la puesta en marcha de un Plan Económico Financiero con el que solucionar un desajuste de 756.000 euros procedentes de inversiones en obras financieramente sostenibles realizadas en la anualidad 2014 y que se cargaron al remanente del consistorio.

Ese gasto, según contempla la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, conocida como Ley Motoro, debió haberse aplicado en los presupuestos del año 2015. Sin embargo, por un error no se llegó a aplicar y el consistorio deberá de hacer frente al pago en las anualidades 2016 y 2017.

Con todo, Muños ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá ofreciendo los servicios a los vecinos como hasta ahora, intentado buscar para ello la ayuda económica, mediante subvenciones, de las Administraciones provincial, autonómica y central.

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