Desde el Ayuntamiento aseguran que las denuncias del partido independiente ya han ocasionado a las arcas municipales un gasto superior a los 70.000 euros
El Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Elche ha desestimado el recurso interpuesto por los tres concejales del grupo municipal del Partido Demócrata de Rojales (Pader) contra la resolución de alcaldía de Rojales , 3397/2019, de aprobación y pago de la factura 191222 emitida por una mercantil por importe de 49.587 euros respecto a la instalación de cuatro cargadores de vehículos eléctricos en diferentes puntos del término municipal.
El fallo que puede ser recurrido dicta que la actuación del ayuntamiento de Rojales fue correcta e impone las costas del proceso al Pader con una cantidad de 500 euros.
La sentencia recoge textualmente que resulta improcedente invocar la nulidad del acuerdo impugnado (el pago de la factura) al considerar la instalación posterior, ni un mes, sin tener en cuenta las vacaciones, una mera irregularidad que no conculca la validez del acto impugnado.
La demanda del Pader pretendía que la resolución de alcaldía 3397/2019 se invalidara porque se tramitó la aprobación de la factura y su posterior pago, sin que constase acreditado en el expediente administrativo la existencia de acta o informe de revisión por el supervisor del contrato (técnico municipal) al efecto de verificación de la efectiva prestación de los servicios facturados .
Desde el grupo municipal del PSOE se indica que de nuevo los tribunales dan la razón al Ayuntamiento que sufre continuamente la política judicializada del Pader, ralentizando en todos los sentidos la gestión del alcalde, de los concejales con responsabilidades municipales y de los técnicos “que deben dedicarse a gestionar y resolver los problemas de los ciudadanos y no centrase en otros asuntos como las continuas denuncias del Pader”.
Además del tiempo que se debe utilizar para gestionar las denuncias del Pader desde el equipo de Gobierno se recuerda que todas han sido archivadas, incluidas las querellas criminales, ocasionando un gasto a las arcas municipales de más de 70.000 euros.
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