El Consorcio de la Vega Baja pedirá un informe externo para decidir si resuelve el contrato con Cespa-Ortiz

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‘Albatera No al Vertedero’ cree que es un signo «positivo» pero exige la nulidad de un plan zonal «plagado de irregularidades»

 

El Consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja ha acordado en una sesión celebrada esta mañana solicitar un informe jurídico externo para evaluar una posible rescisión del contrato con la mercantil Cespa-Ortiz, a la que este órgano le adjudicó en abril del año pasado la gestión de los residuos de la futura planta que está previsto se emplace en el municipio de Albatera.

La decisión de contratar los servicios de una asesoría externa ha sido avalada por todos los representantes de los municipios de la Vega Baja (27) a excepción del alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén, quien ha considerado que existen suficientes informes para dirimir esta cuestión.

El portavoz de la plataforma Albatera No al Vertedero, José Domingo, ha señalado al conocer la decisión del Consorcio que es un paso “positivo” pero aclara que desde este colectivo se exige a la administración provincial la nulidad del plan zonal para dar inicio a un nuevo proceso “adecuado a la comarca de la Vega Baja”, ya que como siempre han sostenido el lugar donde se planea construir el macro-vertedero es “la peor opción” según indican diversos informes de expertos.

«Pedimos la nulidad del plan zonal porque el contrato lo pueden rescindir pero el plan zonal sigue en marcha», explica Domingo.

El informe que encargará el Consorcio a un gabinete independiente tratará de cuantificar el coste que ocasionaría para este órgano revocar el contrato con Cespa-Ortíz. Sin embargo, desde el colectivo ciudadano albaterense indican que sería la UTE quien tendría que indemnizar a la Diputación, puesto que «la empresa acreditó que tenía los terrenos necesarios para la construcción del vertedero en Albatera y se ha demostrado que no».

Colectivos anti-vertederos de la comarca y de otros puntos de la provincia han acudido hoy hasta la Diputación de Alicante donde se ha celebrado la reunión del Consorcio para manifestar su rechazo al plan zonal XVII y pedir su nulidad ya que consideran que «está lleno de irregularidades» e incluso en el proceso judicial del ‘caso Brugal’.

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