Un vecino reclama una deuda porque alquiló al Ayuntamiento un piso de su propiedad para que se alojase otro callosino mientras se rehabilitaba su vivienda. Cuatro años después, el realojado sigue negandose a abandonar ese piso pese a una sentencia que ha ordenado el desalojo y el alcalde defiende que el Ayuntamiento está siendo utilizado
Se llama Juan Carlos Collado y se le ha podido ver estos últimos días a las puertas del Ayuntamiento de Callosa de Segura con un cartel en el que reclama al alcalde, Javier Pérez, el pago de una deuda superior a los 11.000 euros.
El único protagonista de esta protesta callejera, al que podemos ver en la Plaza de España y frente a la Casa Consistorial de Callosa, defiende que el Ayuntamiento le debe ese dinero por un asunto que comenzó en enero de 2009 cuando la Corporación Municipal alquiló una vivienda propiedad de Juan Carlos y sita en la Avenida de la Constitución, para que este piso pudiera ser utilizado en el Programa de Rehabilitación de Vivienda Precaria.
Tal como ha explicado el alcalde callosino, esta actuación contemplaba la remodelación de más de 40 viviendas en varias calles de la ladera de la Sierra y quien reclama ese dinero, acordó con el equipo de gobierno el alquiler de su vivienda para que una familia de ese barrio pudieran residir allí mientras se hicieran las obras. Aquí entra en esta historia, Antonio Torres Gil, el propietario de una vivienda precaria ubicada en la calle Camineras, a quien el Ayuntamiento ofreció trasladarse al piso de Juan Carlos durante unos tres meses que durarían las obras.
Sin embargo, el inquilino sigue residiendo en el piso de Juan Carlos, algo que para el alcalde de Callosa le convierte en un okupa “porque se ha negado a abandonar el piso alquilado por el Ayuntamiento argumentando que su casa de la calle Camineras no ha sido reparada como figuraba en el programa de rehabilitación, cuando los técnicos municipales aseguran que no paraba de pedir cambios en la reforma de la vivienda”. La reforma la sufragó el Ayuntamiento a fondo perdido y costó a las arcas municipales 10.800 euros, según el alcalde.
Javier Pérez ha continuado explicando que el Ayuntamiento ha intentado desalojarle paralizando el pago de los recibos de agua y luz, pero que finalmente ha tenido que abonar Juan Carlos porque su nombre figura como titular y porque ha sido amenazado con una demanda por parte del “okupa”, que argumenta también en su defensa para permanecer allí, que tiene una minusvalía y una hija discapacitada a su cargo.
Mantiene Juan Carlos Collado que «desde hace dos años no se ha prorrogado el contrato», pide regularizar la situación y reclama a su inquilino legal, que es el Ayuntamiento, el pago de ese alquiler, al tiempo que reconoce que, pese a que en ocasiones ha cobrado diversas cantidades, «como en mayo que me ingresaron 403,91 euros», la deuda supera ya los 11.000 euros y va en aumento si la situación no se soluciona. Tal como ha relatado el propio afectado a Diario de la Vega, “mi abogado le ha ofrecido al alcalde muchas facilidades de pago, pero las aceptan y luego no las cumplen”, por lo que no quedó otra solución que presentar la denuncia en los juzgados de Orihuela.
Según mantuvo en su intervención el alcalde callosino, a Juan Carlos le interesa tener un inquilino para seguir cobrando del Ayuntamiento y explica que, incluso acudió de testigo para defender a quien ocupa su piso. Tal como ha indicado Javier Pérez “me da exactamente igual que esté en la puerta una semana, un mes, un año o siete años. Ni el alcalde le debe nada personalmente, ni el Ayuntamiento está dispuesto a continuar con esta situación. El día que el inquilino judicialmente se vaya a su casa, este hombre rescindirá el contrato y se le pagará lo que se le deba sin ningún problema”. La otra cara del asunto es la de Juan Carlos, que paga todos los recibos de agua y luz, además de las declaraciones de IVA y los impuestos “a los que me obligó el Ayuntamiento para poder firmar el contrato”. El problema se ha resuelto en los juzgados porque en enero de este año el ayuntamiento ganó el juicio, pero se demoró el desalojo de la vivienda hasta noviembre próximo, lo que en opinión del alcalde callosino es muy negativa la lentitud de la justicia, «porque no es un desahucio, sino el desalojo de un señor que tiene una casa propia, amueblada y rehabilitada como él quería».
Juan Carlos ha anunciado que continuará con su cartel frente al Ayuntamiento de lunes a domingo, por la mañana y por la tarde «si hace falta, hasta que se me pague lo que se me debe» y defiende que, con respecto al subarrendado, «yo no tengo nada que ver». Por último, recuerda que hasta el Síndic de Greuges le ha dado la razón «e incluso ha invitado al Ayuntamiento a pagar la deuda».
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