Compromís reclama a Ministerio y Conselleria «contundencia» en el caso del vertedero de La Murada

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Proambiente

La diputada Mireia Mollá recuerda que en abril la Comisión Europea reclamó el cierre urgente de la planta de Proambiente

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha explicado que «tanto el Ministerio como la Conselleria de Medio Ambiente tienen que llevar acciones contundentes en el caso del vertedero de La Murada ante las deficiencias e irregularidades que presenta, pues la situación de los vecinos y vecinas de la pedanía oriolana es límite».

Mollà ha recordado que «el pasado mes de abril la Comisión Europea reclamó el cierre urgente de este vertedero y, ante esta situación, desde Compromís presentamos sendas preguntas parlamentarias en Les Corts y en el Congreso de los Diputados para que tanto el Gobierno valenciano como el central explicaran cómo tenían previsto actuar ante esta petición de Bruselas».

«En su respuesta, la Conselleria de Medio Ambiente ni se molesta en argumentar sus acciones, pues nos remiten a una pregunta oral sobre este tema realizada en Les Corts, en la que la consellera Isabel Bonig indicó que el vertedero era competencia del Gobierno de Murcia», ha apuntado la diputada de Compromís.

Mollà ha añadido que «sin embargo, Bonig no hace referencia al visto bueno que dio a la ampliación de la planta cuando la Generalitat fue preguntada por el Gobierno murciano a causa de la ubicación del vertedero, por tanto no entendemos por qué sí podía pronunciarse en ese momento y ahora no».

Por su parte, la diputada de Compromís ha indicado que «el Ministerio de Medio Ambiente, en respuesta a la pregunta del diputado Joan Baldoví, se limita a señalar que el asunto es competencia del Gobierno murciano y que, en todo caso, el Magrama está en contacto directo con esta comunidad autónoma para comprobar que se regula la eliminación de residuos según el Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre».

Mireia Mollà ha destacado que «los vecinos y vecinas de La Murada llevan años denunciando esta situación ante la pasividad de las diferentes administraciones y, por tanto, entendemos que ni el Ministerio ni la Conselleria pueden desentenderse de este asunto, que requiere de una respuesta más que urgente y que sea por fin contundente».

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