El Colegio de Enfermería de Alicante lleva al Síndic de Greuges y al juzgado la discriminación de enfermeras/os de la privada en la vacunación contra la Covid-19

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Rechaza cualquier distinción entre personal sanitario público y privado porque todos los profesionales ofrecen los mismos cuidados a los pacientes y están expuestos de igual manera ante la pandemia

El Colegio de Enfermería de Alicante ha trasladado al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana la situación en la que se encuentran las enfermeras y enfermeros del sector privado de la provincia al no haber recibido todavía la vacuna contra la Covid-19.

Unos profesionales que deberían estar siendo vacunados a tenor del planteamiento de la estrategia de vacunación nacional, que están trabajando en primera fila y que han atendido y atienden en muchos casos (como sucede con los de las clínicas de diálisis concertadas) a pacientes del sector público.

Sin embargo, y a pesar de ello, se encuentran discriminados con respecto a quienes trabajan en la sanidad pública en un aspecto de tan vital importancia como es protegerse del contagio por Covid-19 para preservar su salud, la de las personas a las que atienden y el buen funcionamiento de un sistema sanitario que se ve muy mermado por las bajas de sus trabajadores a causa del coronavirus.

Una situación que la entidad colegial va a trasladar también a la Justicia como último recurso ya debido a la inacción de la Conselleria de Sanidad a pesar de las muchas peticiones para ello y el consiguiente riesgo para la salud de las enfermeras y enfermos que trabajan en el sector privado.

No hay que olvidar que, tal y como se denunció días atrás en otra nota de prensa, según datos de la Generalitat Valenciana, en la provincia de Alicante se pasó durante la pasada semana de 1.167 a 1.750 trabajadores afectados por Covid-19, es decir, 583 sanitarios más se encuentran de baja, bien en cuarentena (1.081) o afectados directamente (669). Por ello, desde el Colegio de Enfermería de Alicante se insiste en que las enfermeras y enfermeros del sector privado deben ser vacunadas a la vez que las de los centros públicos y se rechaza cualquier distinción entre personal sanitario público y privado porque todos los profesionales ofrecen los mismos cuidados a los pacientes y están expuestos de igual manera ante la pandemia.

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