El PSOE presenta alegaciones para frenar la construcción de viviendas en Cala Mosca

El edil Antonio Zapata acusa al alcalde y a la responsable de Urbanismo de “claudicar ante los intereses de una mercantil privada”

El grupo municipal socialista ha presentado alegaciones tanto al plan parcial que prevé la construcción de 1.500 viviendas en Cala Mosca como al Plan de Acción Territorial para la Infraestructura Verde Litoral (Pativel) que construirá un corredor verde donde se no pueda urbanizar. En ambos casos la intención es proteger el último kilómetro virgen en Orihuela Costa y frenar el proyecto urbanístico en la zona.

Así lo ha anunciado el edil del PSOE, Antonio Zapata, quien ha lamentado el silencio de la responsable de Urbanismo, Begoña Cuartero, y del alcalde, Emilio Bascuñana, a los que ha acusado de “claudicar ante los intereses privados de una mercantil y no velar para que Cala Mosca se convierta en un espacio libre de disfrute para los ciudadanos”.

El socialista ha lamentado que el equipo de gobierno del PP esté borrando tanto la historia de lucha civil como el trabajo que realizó el bipartito en la pasada legislatura para frenar la construcción en Cala Mosca.

En este sentido ha recordado que en 2014 un técnico de la Concejalía de Medio Ambiente puso de manifiesto en un informe de impacto ambiental que dentro del plan parcial donde está previsto construir hay zonas de especial protección. Zapata se ha preguntado por qué no se ha vuelto a pedir un  informe del estilo y por qué el existente no aparece ahora en el expediente.

Ante la “grave irresponsabilidad” que considera que está cometiendo el equipo de gobierno, el socialista ha presentado alegaciones al Pativel. En las mismas solicita a la Generalitat que proteja el enclave de Cala Mosca y prohíba la construcción en su suelo hasta en un máximo de dos mil metros desde la ribera del mar hacia adentro por tener fauna y flora que debe protegerse.

El socialista también ha presentado alegaciones al plan parcial. El edil del PSOE ha asegurado que si se echa mano de la jurisprudencia del Tribunal Supremo se puede comprobar cómo “el Ayuntamiento puede obligar al urbanizar a acomodar su proyecto a zonas especialmente protegidas”.

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