Segura Transparente reclama el cumplimiento de la normativa, la implantación de la recogida selectiva en origen y un mayor compromiso político
La gestión de los residuos urbanos continúa siendo uno de los grandes retos pendientes en la Vega Baja. Así lo denuncia la asociación Segura Transparente, que considera que, pese a tratarse de un problema que se arrastra desde hace años, apenas se han producido avances significativos para adaptarse a la normativa vigente y dar respuesta al incremento constante de residuos derivado del crecimiento de la población en la comarca.
Según la entidad, la mayoría de los 27 municipios de la Vega Baja sigue sin disponer de planes locales de gestión de residuos ajustados a la legislación actual, incumpliendo disposiciones como el Decreto 55/2019 de la Generalitat Valenciana, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular o el Plan Director de Biorresiduos del Área de Gestión A6.
Esta situación obliga a trasladar la práctica totalidad de los residuos fuera de la comarca para su tratamiento, lo que incrementa notablemente los costes del servicio y, en consecuencia, las tasas que pagan los ciudadanos. La asociación recuerda que el pasado 1 de abril de 2026 la Diputación de Alicante aprobó una convocatoria de subvenciones destinada a sufragar parte de estos gastos de transporte, una medida cuya legalidad pone en cuestión.
Desde Segura Transparente consideran que el problema no responde a una falta de soluciones técnicas o de respaldo legal, sino a una insuficiente voluntad política para aplicar las medidas previstas en la normativa. Por ello, reclaman que la gestión de los residuos deje de ser objeto de confrontación política y se convierta en una cuestión de consenso entre administraciones, partidos y entidades ciudadanas.
La asociación defiende que el primer paso debe ser la implantación de la separación de residuos en origen en todos los municipios de la comarca, acompañada de campañas de sensibilización ciudadana y de incentivos económicos que permitan reducir la tasa de basura a quienes reciclen correctamente. Recuerdan, además, que uno de los principios fundamentales de la legislación europea y española es que «quien contamina paga», lo que implica desarrollar sistemas que permitan identificar a los usuarios y aplicar una fiscalidad más justa.
En este contexto, Segura Transparente destaca que los modelos de recogida «Puerta a Puerta» (PaP) y los contenedores inteligentes con control de acceso son los sistemas que mejores resultados ofrecen. Ambos permiten alcanzar tasas de reciclaje superiores al 70 %, muy por encima del 30 o 40 % que habitualmente logran los contenedores convencionales.
La Comunidad Valenciana cuenta ya con varios municipios que han implantado con éxito este tipo de recogida, entre ellos Benitatxell, Dolores, Gata de Gorgos o la Vall de Gallinera. Precisamente, representantes de la asociación mantuvieron recientemente una reunión con el alcalde de Dolores para conocer de primera mano el funcionamiento del sistema puerta a puerta y sus resultados, que permiten acercarse a los objetivos europeos de reciclaje y aplicar modelos de pago vinculados a la cantidad de residuos generados por cada ciudadano.
Otro de los asuntos que centra el debate comarcal es la futura construcción de una planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB), una infraestructura cuya ubicación sigue sin definirse. Segura Transparente considera que la implantación previa de la separación en origen reduciría considerablemente el tamaño necesario de esta planta y la cantidad de residuos que terminarían siendo rechazados.
Representantes de la asociación participaron en una visita organizada por el Consorcio Vega Baja a la planta TMB de Guadassuar, donde pudieron conocer su funcionamiento. Según explican, estas instalaciones separan los residuos mezclados procedentes de los contenedores grises para recuperar materiales reciclables y tratar la fracción orgánica. Sin embargo, advierten de que este proceso genera un elevado porcentaje de rechazo, cercano al 52 %, muy alejado del objetivo del 10 % fijado por la Unión Europea para 2035.
Además, la materia orgánica obtenida de residuos mezclados produce un material bioestabilizado de menor calidad y con un uso agrícola limitado debido a la presencia de impurezas. En cambio, cuando la fracción orgánica se recoge separadamente —a través del contenedor marrón o del sistema puerta a puerta— puede transformarse en compost de alta calidad, apto para su utilización agrícola y especialmente beneficioso para la huerta de la comarca.
La asociación advierte de que la futura planta TMB no resolverá por sí sola el problema inmediato de la Vega Baja. A día de hoy todavía no se ha iniciado su construcción y estiman que su puesta en funcionamiento podría demorarse al menos tres años. Por ello, consideran imprescindible aprovechar ese tiempo para implantar de forma generalizada la separación en origen en todos los municipios.
Segura Transparente también muestra su preocupación por la revisión del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCVA), que contempla la posibilidad de incorporar plantas de incineración debido a las dificultades para alcanzar los objetivos europeos de reciclaje. La entidad recuerda que la incineración continúa siendo una alternativa muy controvertida por sus implicaciones ambientales, económicas y sociales.
Como parte de sus propuestas, la asociación plantea la creación de una red comarcal de ecoparques fijos y móviles, la construcción de las tres plantas de compostaje previstas para la Vega Baja —una de ellas inicialmente proyectada en Los Montesinos y cuya subvención se perdió—, la implantación de sistemas de identificación de usuarios para aplicar bonificaciones fiscales, el desarrollo de campañas informativas dirigidas a la ciudadanía y la puesta en marcha del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para envases, cuya aplicación acumula ya varios años de retraso.
Asimismo, consideran conveniente que el Consorcio facilite visitas técnicas a otros municipios y comarcas donde ya funcionan diferentes modelos de recogida de residuos, con el objetivo de conocer sus ventajas e inconvenientes antes de adoptar decisiones definitivas.
Finalmente, Segura Transparente recuerda que la responsabilidad de resolver esta situación corresponde tanto al Consorcio Vega Baja como a los alcaldes de los 27 municipios de la comarca, especialmente a los de mayor población, como Torrevieja y Orihuela, por su peso en la toma de decisiones. No obstante, la asociación subraya que también corresponde a la ciudadanía exigir el cumplimiento de la legislación y reclamar medidas eficaces que permitan mejorar el reciclaje, reducir el impacto ambiental y abaratar el coste de la gestión de los residuos.





