El portavoz de APTCe Domingo Soler anuncia que llevará este asunto al juzgado por concurrir en un presunto delito de prevaricación
El portavoz de Alternativa Popular, Domingo Soler, ha anunciado en la mañana de hoy la puesta denuncia que presentará ante el juzgado por un presunto delito de prevaricación cometido en la anterior legislatura por los miembros del equipo de gobierno popular al aprobar en junta de gobierno el pago de más de tres millones de euros de sobrecoste por el Teatro Municipal de Torrevieja.
La Junta de Gobierno en la que se aprobó el pago de 4,555,707 euros en obras sin certificar por el arquitecto municipal avaladas por la certificación del arquitecto responsable de la obra, Antonio Marquerie, estuvo presidida por el ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, el ex concejal José Manuel Pizana, el actual alcalde de la ciudad Eduardo Dolón y los ediles José Sánchez, Eduardo Gil Rebollo, Joaquín Albaladejo, José Javier Montoro, Dolores Albaladejo y Francisco Moreno. Todos ellos asegura Soler podrían haber incurrido en un presunto delito de prevaricación al pagar sobrecostes que superan ampliamente el 20% contemplado en la Ley 30/92 de contrataciones públicas.
Soler ha asegurado que toma esta decisión al conocer la apertura de jucio oral por una causa muy parecida denunciada por el popular Adrián Ballester en Redován, lo que a juicio de Soler les abre el camino para llevar este presunto delito ante la justicia.
Presente en la sala estaba el ex edil del Izqueirda Unida, José Manuel Martinez Andreu, quien denunciara públicamente el reconocimiento extrajudicial de crédito por el que se abonaron las cantidades sin certificar, un pago cuestionado de alguna manera por el informe al que DIARO DE LA VEGA ha tenido acceso en el que se se asegura que las desviaciones producidas en las obras, que según el director obedecen a “problemática técnica oculta en las hipótesis de partida” elñ firmante del informe asegura que estas problemáticas “deberían haber sido abordadas por el redactor del proyecto por lo que no supone justificación alguna de las desviaciones, existiendo siempre en cualquier caso un procedimiento para la modificación del contrato” tan y como se establece en la normativa que regula los contratos de la administración. En este informe se reconoce que el expedientre de referencia adolece del vicio de nulidad por incumplimiento de la legislación contractual, pero que a pesar de esto el Ayuntamiento de Torrevieja, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse, está obligado a afrontar estas cuantías para no enriquecerse injustamente.
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