Por M.A. Robles
Me dirijo a usted como máximo representante de todos los oriolanos y como persona influyente por el cargo que desempeña y por las opiniones, públicamente exhibidas, a propósito de la imposición lingüística que el anterior gobierno, conocido como el Botanic, nos aplicó. Además de como miembro del Consejo Escolar, pues deberá posicionarse ante la medida que el Gobierno Valenciano ha emitido y que permite, en los denominados territorios de predomino castellanohablante, revertir la obligación de impartir asignaturas en valenciano.
Como sabe, pues seguramente participó como la gran mayoría de la Vega Baja, el anterior ejecutivo nos impuso, contra la voluntad mayoritaria, un modelo denominado de plurilingüismo, que no era sino una forma chapucera de obligar a nuestros hijos a estudiar en valenciano, quisieran o no, estuviesen o no exentos. Es decir, no les importó atentar contra la voluntad de padres y alumnos coartando la libertad de elección de lengua ni pasarse el estatuto por el forro junto con la ley 4/1983 de Enseñanza y Uso del valenciano.
El sistema denominado de plurilingüismo es -da igual que sea para imponer el inglés o el valenciano, pero mucho peor si son las dos lenguas- un sistema antipedagógico para la mayoría de los estudiantes, entre otras razones por las siguientes: “Lo impusieron sin base académica ni científica alguna porque se trataba de poner en marcha un auténtico experimento social”. “Lo que se vendió con muy buen marketing es que para aprender inglés (y valenciano) se necesitaba el bilingüismo. En ningún país de nuestro entorno es así”. ”El daño ya está hecho pues el bilingüismo ha servido como herramienta segregadora, tanto entre centros públicos (al diferenciar los que lo implantan de los que no –o los que imparten el mínimo y los que van al máximo), como dentro de centros públicos”. Estas afirmaciones, señor alcalde, son de una estrella de la fachosfera que diría nuestro presidente, Isabel Galvín, de CCOO en El País, diario reaccionario donde los haya. Los mismos sindicatos que apoyaron sin tapujos la ley de plurilingüísmo y hoy critican la posibilidad de atenuar el desaguisado de su aplicación, que nos impone el valenciano y el inglés, cargan, llenos de razón por cierto, contra la Comunidad de Madrid, que se limita al inglés.
Repitamos lo que dice doña Isabel de comisiones obreras: no tiene base académica ni científica; es un experimento social, pura ingeniería con aromas autoritarios; en ningún país comparable se hace así, quizá porque son más respetuosos con los alumnos y con las libertades; es una herramienta segregadora, que condena a los alumnos menos aventajados social, económica e intelectualmente, con especial daño a los que tienen dificultades de aprendizaje como TDAH, dislexia u otros. Vaya, los mismos argumentos que utilizamos en Escuela de Todos de la que forma parte nuestra Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística. Gracias Isabel, cómo has desenmascarado las falsedades de los sindicatos, que actúan como mercenarios de una ideología y no a favor de los trabajadores de la enseñanza ni de los estudiantes.
Pues bien, como autoridad, y en cumplimiento de sus promesas, le pido que se posicione a favor de eliminar el uso espurio del valenciano, experimentando con asignaturas como filosofía o música o educación física para imponerlo.
Le animo a que pida que se haga también con el inglés, es el mismo error y, en el caso de la Comunidad Valenciana, un trampantojo para tapar el verdadero objetivo: cambiar la lengua de la mayoría de los valencianos. O por derecho, que pida la abolición de la funesta ley 4/2018 contra la que 20.000 personas nos manifestamos y exija una de libertad de elección. De libertad, vaya.
También le sugiero que pida la corrección del artículo 108 de la Ley 7/2023 en la parte relativa a aquellos centros que decidan no impartir ninguna asignatura en valenciano, salvo la materia lingüística, a los que se les impone la obligación de estudiar la materia de valenciano, por la aplicación errónea del artículo 24.1 de la Ley 4/1983, cuando les corresponde el art. 24.2 que garantiza el derecho a la exención.
Finalmente, hasta que se garantice la libertad de elección, le exijo, con el debido respeto, que sea firme defensor de este derecho a la exención, ya que es la única defensa que hemos tenido contra las políticas totalitarias de imposición lingüística.
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