La causa parte de la denuncia presentada por el coordinador general del Área 3 del Ayuntamiento de Orihuela por la presunta difusión de información obtenida de un expediente administrativo sobre una solicitud de compatibilidad laboral
El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha citado a declarar como investigada a la portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Orihuela, Carolina Gracia, en el marco de unas diligencias previas por un presunto delito de descubrimiento o revelación de secretos por funcionario.
La comparecencia ha sido fijada para el próximo 5 de noviembre, después de que la Fiscalía apreciara indicios suficientes para trasladar la denuncia a los juzgados e iniciar el procedimiento judicial.
La investigación tiene su origen en la denuncia presentada por el coordinador general del Área 3 del Ayuntamiento de Orihuela, quien sostiene que la edil accedió, en el ejercicio de sus funciones como concejala, a la documentación de un expediente administrativo relativo a una solicitud de compatibilidad para ejercer como profesor asociado en una universidad pública.
Según la documentación incorporada a la denuncia, un informe municipal recoge que la edil solicitó acceso a determinados registros de entrada del Ayuntamiento y posteriormente consultó el expediente relacionado con esa solicitud de compatibilidad. Días después, distintos medios de comunicación publicaron informaciones sobre ese expediente a raíz de una nota de prensa difundida por el Grupo Municipal Socialista, en la que se indicaba que la formación había conocido la existencia de la solicitud a través del registro municipal al que tiene acceso.
El denunciante considera que la difusión de esa información vulneró el deber de reserva al que están sujetos los cargos públicos respecto de la documentación obtenida por razón de su cargo, al tratarse de un expediente administrativo que aún se encontraba en tramitación. Asimismo, sostiene que la información difundida afectó a su derecho a la intimidad y a su reputación profesional.
Además del procedimiento penal, el caso también está siendo analizado por la Agencia Española de Protección de Datos, que admitió a trámite la reclamación presentada por el funcionario para investigar una posible vulneración de la normativa de protección de datos.
En su denuncia, la Fiscalía expone que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417 del Código Penal, al entender que la información objeto de la investigación procedía de un expediente administrativo con datos personales y profesionales al que se habría accedido por razón del cargo.
Por el momento, la apertura de diligencias no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad de la investigada, sino el inicio de la fase de instrucción, en la que el juzgado deberá determinar si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento.
Este medio se ha puesto en contacto con el entorno de la portavoz socialista para conocer su versión de los hechos, si bien han declinado realizar declaraciones.
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