José Cholbi advierte que la inactividad de la Administración en esta materia puede dar lugar a responsabilidad patrimonial
El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, José Cholbi, ha instado al Ayuntamiento de Rojales a inspeccionar los niveles sonoros de la instalación de aguas y, en caso de ser necesario, a adoptar las medidas y obras necesarias para “evitar las molestias producidas” a los vecinos.
El defensor valenciano inició una investigación tras recibir la queja de una ciudadana donde ponía de manifiesto que, desde finales de 2013, su vivienda estaba afectada por unas vibraciones y frecuencias sonoras “muy molestas e intensas” relacionadas, según su testimonio, con la puesta en marcha de la nueva acometida de agua del Ayuntamiento.
En concreto y según un técnico de la empresa Hidraqua, estas molestias acústicas estaban vinculadas a los motores del grupo de impulsión de agua.
La interesada denunciaba, así mismo, que estas vibraciones “podían causar daños sobre su vivienda” y que, “vivir en ella y sobre todo dormir y descansar, era una cuestión imposible».
Ante esta denuncia, el Ayuntamiento de Rojales detalló al Síndic de Greuges las labores llevadas a cabo para investigar dicho problema y llegó a la conclusión de que sería “necesario acometer nuevas modificaciones en la red”.
En la resolución del Síndic, Cholbi ha reconocido los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento con el fin de “solventar las molestias producidas a la ciudadanía” y le ha recordado, así mismo, que los servicios de agua potable y alcantarillado “son competencia municipal” y, por tanto, “tiene la obligación de velar por el correcto funcionamiento de las instalaciones”.
En esta línea, la Institución ha recordado que la justicia reitera que “los ruidos inciden perniciosamente sobre el derecho fundamental a la inmovilidad del domicilio y los derechos constitucionales a la protección a la salud, a un medio ambiente adecuado y a una vivienda digna”.
“Los poderes públicos tienen la obligación irrenunciable de velar por el cumplimiento de los mismos”, ha indicado Cholbi, quien ha advertido en su escrito que la “inactividad de la Administración local en esta materia puede dar lugar a responsabilidad patrimonial, exigible por la interesada”.
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