Por: Plataforma de Profesores por la Libertad Lingüística
La Consejería de Educación y el conjunto del Gobierno valenciano está en un proceso de consulta y deliberación sobre la Libertad de Elección de Lengua en la Comunidad Valenciana, o la falta de ella. El grupo contrario a la enseñanza en español, que ha mostrado durante las últimas décadas una llamativa unidad de pensamiento y acción (los partidos PSPV, Compromís, el sindicato STEPV, el AMPA Enric Valor o Escola Valenciana, por poner ejemplos destacados) lo saben, y están presionando todo lo que pueden para que no se reviertan sus “logros” a favor de la imposición del valenciano, el mayor de los cuales es la llamada “Ley de Plurilingüismo”. Como su poder político es ahora muy limitado, esta presión toma ahora la forma de bulos y exageraciones en prensa, y la práctica y la amenaza de la agitación laboral y social. Consiguen colocar todos los días en los medios de comunicación el mensaje de que el Gobierno quiere “eliminar el valenciano”. Repiten esta falsedad machaconamente para convertirlo en una postverdad, creando un clima de alarma y conflicto.
A veces estas intervenciones sirven para que se quiten la careta y se muestren como lo que son. En especial, hay dos recortes de prensa que deben llamar nuestra atención, y en particular, la de los habitantes de la Vega Baja.
En uno, el sindicato STEPV pide eliminar la exención de las zonas castellanohablantes. En otro, Dª Antonia Moreno, figura del Partido Socialista, dice que en la Vega Baja no hay ningún conflicto lingüístico, y que los padres inteligentes no piden la exención.
Ya sabíamos que este sindicato pone su ideología por encima de la defensa de los trabajadores. Trabajadores hispanohablantes, se entiende. Pero ahora van más allá, tomando a los niños hispanohablantes como su objetivo.
También notamos que el Partido Socialista en la Vega Baja ha estado todo lo callado que ha podido públicamente respecto a su Ley de Plurilingüismo, mientras actuaba como gobierno. Pero aquí se muestra su línea argumental de que la exención es mala y se usa poco, y aceptar la imposición del valenciano, una cosa buena y de “padres inteligentes”.
Queremos explicar en este artículo por qué esta unidad de pensamiento y acción nacionalista quiere quitar a los habitantes de zonas castellanohablantes el derecho a la exención, qué han hecho para ello, por qué no lo han conseguido y por qué no debemos permitir que lo logre.
La Ley de Plurilingüismo, que acabó con el sistema de elección que había anteriormente, es decir, con las líneas en valenciano y castellano, votada y aprobada por el PSPV, Compromís y Podem, expone con claridad su objetivo: que los habitantes de la Comunidad Valenciana (que ellos prefieren llamar País Valenciano) hablen menos español y más valenciano (que también llaman catalán). Y para ello, en los colegios e institutos se debe alcanzar, por fuerza y progresivamente, al menos un 60% de la enseñanza en lengua valenciana y un 25% en inglés, sin establecer un mínimo para la enseñanza en español. Sabemos que, de hecho, el 100% de valenciano también les vale, especialmente en el caso de bebés y niños pequeños.
La Ley de Plurilingüismo no hace ninguna referencia al derecho a la Exención del aprendizaje y el uso del valenciano, y no por olvido, sino porque es un importante obstáculo para su fin, pues entra en contradicción con él, al querer obligar estudiar en valenciano a quien no está obligado. Y no podían derogar este derecho, porque está en una ley más alta, el Estatuto de Autonomía. Así que eligieron caminos paralegales o directamente ilegales, amparados en el poder superior de estar en el gobierno, y en la confianza de poder sortear las sentencias judiciales. En esto siguieron el ejemplo catalán, donde la Generalitat margina la enseñanza en español con éxito.
Como no podían derogar legalmente la Exención, la intentaron derogar de facto, creando daños graves a aquel que la eligiera, aún más graves que el chantaje que ya representa el requisito lingüístico en educación, que tanto daña a los hispanohablantes de toda la Comunidad Valenciana.
Primero, impusieron la doctrina de que los alumnos sólo están exentos de la asignatura de valenciano, y no de la enseñanza de otras asignaturas, como la Historia o la Física, en valenciano. Cuando la sociedad fue advertida y protestó ante este desmán, el viceconsejero Miguel Soler, del PSPV, vino a la Vega Baja a reunirse con directores y padres, a quitar hierro al asunto, y como todos conocemos, a mentir, diciendo que los exámenes se podrían hacer en cualquier idioma. Creemos que incluso hubo una manifestación, pero en la época de la postverdad nos dicen que no hay conflicto ninguno. Así, se están dando asignaturas en valenciano, pero por ahora no del todo, es decir, en muchos sitios se hace el paripé con tablas de vocabulario y otro tipo de actuaciones suaves. Pero todos sabemos que tarde o temprano, se pondrán serios. ¿No es esto ilegal? Probablemente sí.
Hemos puesto denuncias, que por ahora duermen el sueño de los justos. Por resumir este nuevo chantaje: si no aprendes valenciano, suspenderás las asignaturas que te den en esa lengua.
Segundo, la obligación por parte de todos aquellos alumnos que quieran acceder a la Universidad de hacer el examen de la asignatura de valenciano a partir de 2026, sean o no exentos. Esta fue una Orden de la entonces Consejera de Universidades del PSPV, Carolina Pascual, y no del entonces Consejero de Educación de Compromís Vicent Marza, como a veces se ha dicho erróneamente, y es muestra de la unidad de acción nacionalista de los partidos del anterior gobierno.
Su función es eliminar la gran popularidad que tiene el uso de la exención en Bachillerato dejando a los estudiantes exentos sin futuro universitario. Resumiendo, si no aprendes valenciano, vas a tener difícil ir a la Universidad.
Estos chantajes absolutos e injustos, que buscan eliminar la exención haciéndola impracticable, son los primeros que debería derogar el nuevo gobierno valenciano. Se añaden por supuesto, al requisito lingüístico educativo, y por poco no se añaden al requisito que los anteriores gobernantes estuvieron a punto de extender a todos los funcionarios de la Comunidad Valenciana, y que justo antes de las elecciones dejaron discutido y consensuado entre los socios.
Este es el gran motivo de rabia contra el hecho de la exención: debido a la respuesta que tuvieron por parte de la sociedad civil, que se organizó para luchar como padres y como docentes, no pudieron concretar la Ley de Plurilingüismo en reglamentos, lo que retrasó su aplicación y efectividad. Y entonces perdieron las Elecciones. Verdaderamente, hemos sido salvados por la campana.
O más bien, les marcamos un gol en el último segundo: sin tener datos de por qué la gente votó lo que votó, es razonable asignar una parte de su fracaso electoral a la violencia lingüística contra los hispanohablantes. Por eso esperamos que el nuevo gobierno sí le interese investigar los niveles de rechazo a la imposición del valenciano y pregunte a las familias por en qué lengua o lenguas quieren la educación para sus hijos.
Desde la Plataforma de Profesores por la Libertad Lingüística no estamos por la “eliminación del valenciano”, cosa que tampoco hemos oído decir a nadie, sino por la libertad de elección de lengua. Creemos que un niño tiene derecho a educarse en su lengua materna, y el mismo derecho, sea valencianohablante o hispanohablante. Pero los nacionalistas carecen de esta empatía y sólo entienden la ley del embudo. Quieren hablar en su lengua y obligar a los demás a que la hablen también. Consideran un ataque que una ley establezca que los documentos administrativos deban ser bilingües, y a esto lo llaman “reducir el valenciano” Poder elegir entre la enseñanza entre valenciano y español también es “eliminar el valenciano”. Y todo así. En el momento en que reconozcan la igualdad de los ciudadanos y su libertad para elegir en qué lengua hablan y se educan, llegaremos a la concordia. Por desgracia, vemos señales de lo contrario.
Defendemos que todos los alumnos valencianos tengan el mismo derecho a la libertad de elección de lengua, no sólo los de zonas castellanohablantes, pero el derecho a la exención del valenciano ha de mantenerse, porque ha demostrado ser un escudo ante las pretensiones de los nacionalistas y bajo ningún concepto podemos relativizar su importancia, renunciar a ella o dejar que nos la quiten. A fin de cuentas, no sabemos cuando pueden volver los bárbaros.
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