Al juzgado se han desplazado los concejales Antonio Rodríguez Barberá y José Manuel Cutillas, y el exedil Antonio José Ortiz, quienes han defendido la legalidad de sus actuaciones
El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha acogido en la mañana de hoy la última ronda de declaraciones de los ediles y exconcejales del Partido Popular, imputados por un presunto delito de prevaricación al aprobar facturas con reparos del área de Intervención.
En concreto, hasta las dependencias judiciales se han desplazado los actuales miembros del PP Antonio Rodríguez Barberá y José Manuel Cutillas, y el que fuera concejal de la formación, Antonio José Ortiz.
Todos ellos han comparecido ante la juez encargada del caso, como ya han hecho en los dos últimos días otros seis compañeros, entre los que se encuentran la presidenta del PP oriolano, Pepa Ferrando.
Los hechos se remontan al año 2008 cuando la entonces concejal del Partido Socialista, Antonia Moreno, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la “aprobación de facturas con reparos” de Intervención de las juntas de Gobierno local, celebradas durante la pasada legislatura y conformadas por los miembros del PP.
Hasta el Palacio de Justicia de la localidad se ha desplazado el concejal Antonio Rodríguez Barberá, al frente de las áreas de Urbanismo y Ordenación del Territorio durante la última legislatura de los populares quien, a su salida, ha valorado ante los medios su declaración.
Según ha dicho, su exposición ha estado centrada los dos expedientes de contratación para la ejecución de la obra del edificio de la Tercera Edad y La Música de San Bartolomé, iniciados el 8 de abril de 2008, “de los cuáles he explicado, cronológicamente, su seguimiento y desarrollo”, dado que en el sumario “sólo aparece” el contrato final, firmado el 7 de agosto del citado año.
Por ello, ha presentado ante el juzgado ambos expedientes de contratación completos, lo que ha llevado a su abogado a pedir el archivo de la causa, “donde queda demostrado que todo se ha hecho con arreglo a la ley”. De hecho, su imputación “viene por la firma del contrato, y no por el desarrollo del propio expediente”.
El popular ha revelado que la suma de ambos contratos ronda los 60.000 euros, al tiempo que ha aclarado que “no se trata de un fraccionamiento” puesto que “el primero de los expedientes hace referencia a un contrato de la dirección facultativa de la obra y, el otro, a la ejecución y coordinación de seguridad y salud”.
“El desarrollo llevado a cabo en las distintas adjudicaciones son por personal distinto, es decir, del primero de ellos se ha encargado el arquitecto y, del segundo, el arquitecto técnico, tal y como marca la ley”, ha puntualizado Rodríguez Barberá, quien ha señalado que esta adjudicación se ha llevado a cabo a través de dos documentos distintos, al tratarse de “un edificio público de carácter cultural”.
Rodríguez Barberá ha respondido a las preguntas de la juez y el fiscal, y se ha negado a contestar a la acusación particular puesto que, según sus palabras, “por denunciar cosas que ellos -en referencia al equipo de Gobierno, PSOE y Los Verdes- están haciendo actualmente”.
“No entiendo la doble ética que emplea el Gobierno emplea, ya que ellos están aprobando a lo largo de la legislatura facturas con reparo e incluso fraccionamiento de contrato”, ha dicho el popular, quien ha expuesto que “realmente esto no es una ilegalidad, sino una irregularidad administrativa que se salva con su aprobación en la junta de Gobierno local y su elevación a pleno”.
El edil ha señalado que de esta forma “no hay ocultación de nada, máxime cuando hay presupuesto para poder hacerlo”. A este respecto, ha revelado que su abogado
Legalidad
Previamente, se ha acercado hasta los juzgados el otro concejal del PP, José Manuel Cutillas, quien durante el Gobierno de los populares, estuvo al frente de las área de Agricultura, Agua, Juventud y Mercados.
Cutillas ha explicado que su declaración ha versado sobre una considerable relación de facturas -desde 2007-, cuyos servicios no ha podido concretar dado que “no he tenido acceso a ellas”, aunque sí ha confirmado que estaban relacionadas con las áreas que dirigía.
No obstante, ha querido dejar claro que esos servicios “se habían prestado y contaban con la aprobación de los técnicos, de los que siempre he ido de la mano puesto que no soy una persona jurídicamente preparada y, lo que me han aconsejado, lo he hecho”.
“Todo lo que he hecho en este Ayuntamiento he intentado que estuviese dentro de la ley”, ha añadido Cutillas, quien ha señalado que ha respondido a todas las preguntas de la juez y el fiscal porque, como ha expresado, “no tengo nada que ocultar y, cuando me llamen para ayudar, aquí voy a estar sin problema porque todas las cosas las hemos hecho bien”.
“Que la gente esté tranquila que nosotros -el PP vamos a dar la cara ahora y siempre”, ha sentenciado.
Por su parte, el que fuera concejal de Sanidad y Educación y actualmente apartado de la política, Antonio José Ortiz, ha explicado a su salida de las dependencias judiciales que ha comparecido por facturas relacionadas con la “limpieza de los colegios y centros de salud, el transporte escolar y mantenimiento de las calderas de los colegios”.
“He aportado toda la documentación que no aparecía en el expediente que se nos entregó, y que justifica todas las actuaciones que hice, desde el punto de vista legal, en el periodo de 2008, el que se me imputa”, ha dicho Ortiz, quien ha revelado que estos servicios asciende a “unos 250.000 euros”.
Así, ha aclarado que “estos servicios contaban, en todos los caso, con sus correspondientes contratos y expedientes administrativos, que justificaban que se realizaban los servicios, siempre bajo la legalidad”.
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