Vecinos de Callosa rechazan que se den 22 viviendas de alquiler social en su edificio que pueden generar “problemas de convivencia”

Edificio en el que la Conselleria planea comprar 22 viviendas de alquiler social

Los residentes de un inmueble de la calle Cervantes se han alzado contra la decisión de la Generalitat de comprar 22 pisos a la SAREB porque tienen miedo a que su edificio se convierta en un gueto

Los vecinos de un edificio de la calle Cervantes de Callosa de Segura han mostrado su rechazo tras conocer que la Conselleria de Vivienda trabaja en cerrar la compra a la SAREB de 22 viviendas de alquiler social en su inmueble para que sean próximamente ocupadas por personas sin recursos. Una operación que el Consell anunció que cerraría con una inversión de dos millones de euros.

Esta noticia ha creado malestar y “preocupación” entre los vecinos por entender que las viviendas irán destinadas a colectivos marginales y esto puede “generar conflictos de convivencia”. Así lo ha explicado José Francisco García, asesor jurídico de los vecinos del citado edificio, ubicado en el centro de Callosa de Segura, cerca del Mercado de Abastos y al lado del Colegio Primo de Rivera. En este edificio viven desde 2012 cinco familias con hijos.

“Integrar en un edificio a 22 personas de unas características que en un principio va a ser difícil la convivencia y que sabemos que puede haber problemas”, ha explicado García en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Por eso los vecinos han buscado asesoría jurídica y han puesto en marcha una movilización vecinal para “intentar luchar para que no se genere un núcleo de 22 viviendas de alquiler social con los conflictos que eso puede generar de convivencia”, ha insistido. Asegura el abogado, y los propios residentes de la zona, que estos problemas ya se están dando en otros puntos del municipio como son el barrio de la Cruz o la Avenida de la Constitución.

Insisten los vecinos en que no se oponen a que la Generalitat compre viviendas de alquiler social pero consideran que se deberían distribuir a las personas beneficiarias en distintas viviendas y puntos de la localidad, para evitar que se generen ‘guetos’. “Meter a 22 personas aquí de golpe es un atropello. Creemos que eso no es bueno y sobre todo estamos hablando de un edificio que está en el centro del pueblo y que esta iniciativa va a generar más problemas que soluciones”, ha señalado el abogado.

“La política de la Conselleria no debería ser generar núcleos vecinales. La integración pasa precisamente porque distribuyas a esas 20 familias, para que vivan por todo el municipio”, ha señalado.

Los vecinos han mostrado su rechazo al Ayuntamiento de Callosa, quien está estudiando la situación. Según la normativa vigente en la Comunidad Valenciana, el Consistorio y la Generalitat Valenciana deben suscribir un convenio puesto que es la administración local quien gestiona los alquileres sociales una vez el Consell compra las viviendas. “El municipio tiene que decir si estamos dispuestos a que se genere la degradación de esta zona, que está en el centro de la ciudad”, ha explicado García.

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