Los vecinos justifican la señalización por motivos de seguridad y sostienen que el espacio forma parte de los elementos comunes de la comunidad, mientras crece la preocupación por el alcance de la nueva Ley de Costas
La colocación de un cartel que prohibe el acceso a personas ajenas a la comunidad ha reavivado el conflicto entre los propietarios de la urbanización Cabo Mar, en Torrevieja, y la administración pública. La señal, instalada por los vecinos, advierte de la restricción de paso en una zona que los residentes consideran de carácter privado, y cuya titularidad se encuentra en el centro de la controversia.
Según explican los propietarios, la decisión de colocar el cartel responde exclusivamente a motivos de seguridad. Los residentes denuncian que, en los últimos tiempos, se ha producido un uso indebido del espacio, con la presencia frecuente de jóvenes que circulan por la zona de manera «peligrosa y temeraria» utilizando bicicletas, motocicletas y patinetes eléctricos.
Los vecinos aseguran que no es la primera vez que se instala una señalización de este tipo. De hecho, recuerdan que en ocasiones anteriores ya se habían colocado carteles similares, especialmente durante episodios de lluvias intensas, debido a que el pavimento presenta una elevada peligrosidad por deslizamiento, lo que incrementa el riesgo de accidentes.
La principal discrepancia entre los propietarios y la Administración gira en torno a la naturaleza jurídica del paseo marítimo, situado dentro del recinto residencial. Los residentes sostienen que dicho espacio constituye una zona común de la urbanización y que, por tanto, no forma parte del dominio público.
Como respaldo a esta posición, los vecinos apelan a las escrituras de propiedad, a la documentación existente en el Registro de la Propiedad y a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal. A su juicio, estos documentos acreditan que el paseo pertenece a la comunidad de propietarios y no a la Administración.
Además, señalan otros elementos que, en su opinión, refuerzan esta interpretación. Entre ellos destacan que son los propios residentes quienes asumen desde hace años las tareas de mantenimiento y conservación del paseo, una circunstancia que, afirman, ha sido reconocida por el propio Ayuntamiento.
Los propietarios también recuerdan que, en el pasado, el Consistorio llegó a plantear la construcción de un paseo público en la zona. Sin embargo, aquel proyecto nunca llegó a ejecutarse, un hecho que consideran significativo para demostrar que el actual paseo existente no forma parte de una infraestructura municipal.
En paralelo, entre los vecinos ha surgido una creciente inquietud por las posibles consecuencias de la nueva Ley de Costas. Los residentes temen que la normativa pueda afectar a la titularidad del espacio e incluso derivar en una eventual expropiación del paseo marítimo.
No obstante, por el momento, los propietarios aseguran que no han recibido ninguna notificación oficial ni comunicación administrativa que apunte a una actuación de este tipo. Aun así, mantienen la incertidumbre sobre cómo podría aplicarse la legislación en el futuro y cuáles serían sus efectos sobre los terrenos que consideran de propiedad comunitaria.





