El Ayuntamiento deberá ceder a la Generalitat los terrenos colindantes para que se pueda ampliar la sede judicial, que actualmente se encuentra dispersa por falta de espacio
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha anunciado que la Generalitat Valenciana trabaja ya en la ampliación del Palacio de Justicia de Orihuela para que todos los juzgados y servicios puedan prestarse en una misma sede, ya que actualmente se encuentran dispersos por falta de espacio.
Bravo ha estado este miércoles en el Ayuntamiento de Orihuela, junto al conseller de Hacienda, Vicent Soler, para firmar la compra del edificio que alberga el Palacio de Justicia por un montante de 4,6 millones de euros que deberá abonar a las arcas municipales del Consistorio oriolano. Lo hará en un plazo de cuatro años y comenzará a pagar este 2020 un total de 1.154.133 euros al año, que también abonará en 2021, 2022 y 2023.
De esta forma, el Consell ejercita la opción a compra que estaba prevista en el convenio que la Generalitat y el Convenio firmaron en 2017 para regularizar la situación de varios edificios de la ciudad, entre ellos los antiguos juzgados. Se pone así solución a la “situación enquistada” que mantenían Ayuntamiento y Generalitat por la construcción del Palacio de Justicia de Orihuela, que sufragó en 2005 el Consistorio pese a ser una competencia autonómica.
La consellera de Justicia ha explicado durante su comparecencia en Orihuela que ya está en marcha el proyecto de ampliación del Palacio de Justicia, para lo que el Ayuntamiento debe cederle los terrenos colindantes para ampliar los 5.000 metros cuadrados con los que cuenta la sede en estos momentos. Por lo que se ha quedado pequeña para albergar los doce juzgados con los que cuenta la ciudad y algunos de ellos se encuentran en otros edificios e incluso en otras ciudades.
“El objetivo es que todos los juzgados y servicios estén emplazados en el Palacio de Justicia para dotar a Orihuela de una sede judicial con los espacios y los servicios necesarios para garantizar un servicio público de calidad como se merecen los usuarios como los profesionales que trabajan allí”, ha explicado Bravo.
Por su parte, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha destacado la «buena disposición» de la consellera Bravo para acabar con un problema que se alargaba más de una década y ha asegurado que «el Ayuntamiento asume la responsabilidad y hará todo lo necesario» para poder ceder los terrenos colindantes del Palacio de Justicia a la Generalitat, ya que muchos de ellos son de titularidad privada.
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