La Generalitat zanja su “deuda histórica”: los antiguos juzgados ya pertenecen a Orihuela

El presidente de la Generalitat y el alcalde de Orihuela firman el convenio de cesión del edificio que albergará oficinas municipales

El Ayuntamiento de Orihuela dispone desde hoy de un nuevo edificio municipal. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde, Emilio Bascuñana, han firmado este martes el documento por el que el Consell cede el antiguo edificio de los juzgados al Consistorio. Un asunto que llevaba 12 años enquistado y al que se ha puesto solución definitiva con la rúbrica del documento.

“Era una deuda moral y real de la Generalitat con esta ciudad”, ha reconocido Puig durante una nueva visita a Orihuela. Se zanja así una deuda histórica que la administración autonómica tenía con la ciudad a cuenta de la construcción del actual Palacio de Justicia, que se edificó hace más de una década con fondos municipales pese a ser una competencia del Consell.

Tras un año y medio de negociaciones el Ayuntamiento y la Generalitat alcanzaron en diciembre de 2016 una solución que se ha hecho definitiva hoy con la firma de Puig y del alcalde. Los antiguos juzgados pasan a ser propiedad municipal a través de una cesión por parte de la Generalitat.

En cuanto al actual Palacio de Justicia, el acuerdo recoge que la Generalitat abonará al Ayuntamiento de Orihuela una compensación económica por el uso del actual Palacio de Justicia. De esta forma, durante los primeros cinco años la Conselleria abonará 75.000 euros anuales por este concepto, una cantidad que ascenderá hasta los 125.000 euros a partir del sexto año y hasta el décimo. Lo que supone una cantidad de un millón de euros en la próxima década. 

El acuerdo se fija para un plazo de diez años durante los que el Gobierno Valenciano tendrá derecho a compra, tal y como ha explicado la consellera, Gabriela Bravo. La responsable de Justicia ha indicado que el compromiso por parte del Consistorio oriolano es que cuando concluya esa década cederá terrenos al Consell si es necesario ampliar las instalaciones judiciales ya sea en parcelas  o en otro punto  del municipio, ya que con las previsiones de crecimiento del partido judicial de Orihuela se prevé que el Palacio de Justicia de Santa Lucía se quede pequeño.

El pacto alcanzado por las dos administraciones alcanza también a otros edificios que hasta ahora no están regularizados como les corresponde como son la casa natal de Miguel Hernández, el Museo de la Muralla o el Ahogadero de la Seda que serán cedidos por la Generalitat al Consistorio.

Dependencias municipales

El regidor Emilio Bascuñana ha indicado que una vez que el Ayuntamiento ya dispone del edificio el siguiente paso es “hacer las obras oportunas para ubicar algunas de las muchas áreas que tenemos dispersas”. El alcalde ya anunció que el inmueble, ubicado frente a la iglesia de Santa Justa, acogería dependencias municipales para ahorrar en alquileres. “Es una paradoja que este edificio esté cerrando durante 12 años mientras el pueblo tiene la necesidad de contar con inmuebles para alojar los servicios municipales”, ha dicho.

En los mismos términos se ha expresado Ximo Puig quien ha dicho que “era un sinsentido que estuviera cerrado” y que “a partir de ahora el Ayuntamiento podrá destinar el inmueble a lo que quiera”.

CV-95

Bascuñana ha aprovechado la presencia de Puig en Orihuela para reclamar de nuevo la nueva carretera CV-95 que vertebre el litoral con el centro de la ciudad y con la Vega Baja. Una infraestructura “necesaria para el desarrollo de la comarca”, ha señalado el primer edil.

El presidente de la Generalitat ha señalado que tiene en cuenta la necesidad de esa carretera aunque “no tenemos recursos para hacer infraestructuras porque somos una comunidad infravalorada”. En este sentido, ha señalado que sobre la mesa está el acuerdo para una nueva financiación autonómica.

Puig ha destacado que en la partida de presupuestos del Consell para 2018 se contempla una partida de 6.500 millones de euros en Sanidad y la siguiente partida más cuantiosa es la dirigida a rebajar la deuda de la comunidad, lo que supone un 25% del presupuesto total.

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