El PSOE de la Diputación exige la rescisión del contrato del Plan Zonal XVII de las basuras

Presentará una moción al pleno para solicitar la puesta en marcha de un nuevo procedimiento ajustado a los «principios de servicio público, consenso, transparencia y participación»

El grupo socialista de la Diputación de Alicante presentará una moción al próximo pleno para exigir a la Generalitat y a la Institución provincial que se rescinda el contrato con la UTE Cespa-Ortiz, adjudicataria del Plan Zonal XVII de las basuras, correspondiente a la comarca de la Vega Baja y que plantea la instalación de un macro-vertedero en Albatera y una planta de transferencia entre Cox y Granja de Rocamora.

Así, solicitan que se inicie un nuevo procedimiento de adjudicación teniendo en cuenta los “principios de servicio público, consenso, transparencia y participación”, dadas las numerosas “irregularidades” a las que al parecer está sujeto.

El diputado provincial Raúl Valerio Medina ha advertido que esta situación “no se puede sostener por más tiempo”.

“Es vergonzoso que los municipios afectados estén pagando las consecuencias de un proyecto salpicado por la corrupción”, ha dicho el socialista, quien ha asegurado que “lo más lamentable es que todo esto está ocurriendo bajo el paraguas de la Generalitat Valenciana y de la Diputación, que son las que controlan los consorcios y deciden las adjudicaciones de los contratos”.

El grupo socialista considera necesario que “no se vuelvan a repetir situaciones como las vividas hace escasos días en las que hasta doce municipios de la Vega Baja no sabían donde llevar sus basuras”.

Por todo esto, el PSOE entiende que el Plan Zonal XVII debe “revisarse y adaptarse” a la realidad actual ya que, en estos momentos, es un proyecto “desfasado y que generará a los ciudadanos de la Vega Baja más costes de los ya sabidos”.

Para el diputado la construcción del vertedero, tal y como se prevé en este plan, es “obsoleta y no cumple con los mínimos de reutilización y reciclaje”.

“El coste del tratamiento del residuo es excesivo para al final destinarse a un vertedero”, ha añadido Valerio Medina, quien ha señalado que “el alto índice de rechazo, unido a ese alto precio, solo parece buscar un incremento del beneficio de la empresa concesionaria”.